Garzón es un juez que muchos califican de parcial. Algunos recordarán que fue número 2 en Madrid con González y que dejó la política poco tiempo después porque no consiguió el puesto de ministro que deseaba. Al poco tiempo destapó el caso de corrupción de los GAL y amagó con meter en la cárcel al presidente socialista. Posteriormente, el juez de la Audiencia Nacional intenta protagonizar la jurisdicción de casos de gran expectación social (extradición de Augusto Pinochet, desapariciones durante la dictadura argentina, ETA…), acción que es criticada por muchos al considerar indignante que un socialista ocupe un puesto en judicatura y trate temas políticos de tal envergadura.
Ahora Garzón vuelve a las portadas de los diarios tras abrírsele 3 causas en el Tribunal Supremo. Uno de los delitos por los que se le acusa es de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) y cohecho (aceptar una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto) por recibir dinero que solicitó al entonces Banco Santander Central Hispano. Poco tiempo después desestimó una querella contra Emilio Botín, presidente de dicho banco. Otra de las causas se produce por intervenciones ilegales de la comunicación que mantenían en prisión los imputados del caso Gürtel y sus abogados. Estas escuchas han sido anuladas por el Tribunal Superior de Justicia por las dudas en su legalidad, ya que se han obtenido a través de una medida que sólo se ejecuta en casos de terrorismo.
Finalmente, la causa que más controversia está generando es la de prevaricación durante la instrucción de la causa por las desapariciones del Franquismo. Algunos hacen referencia a la Ley de Amnistía de 1977 que el juez omite y que anula los delitos antes de esa fecha en ambos bandos. Sin embargo, no debemos obviar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PICDP), ratificado por España en 1977 (con anterioridad a la adopción de la Ley de Amnistía), que dispone que los gobiernos tienen la obligación de garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido violados pueda interponer un recurso efectivo. Además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó en 2009 que las leyes de amnistía son generalmente incompatibles con la obligación de los estados de investigar actos de tortura o barbarie. Seamos justos y llamemos a cada cosa por su nombre. Si bien es cierto que el Juez Baltasar Garzón pudiera no parecer a algunos ojos el más indicado para resolver este tipo de conflictos, no caigamos en el error de ver esta causa como algo prescindible. La ley de Amnistía está invalidada por el PICDP, le pese a quien le pese. El derecho de los ciudadanos a una investigación imparcial sobre las muertes de sus familiares a manos del franquismo es incuestionable. Otra cuestión es si Garzón debería o no llevar esta investigación.
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Periodista, Técnico SEO, Técnico Audiovisuales, Master en Marketing Digital y Social Media. Llevo desde el año 2004 ayudando a marcas y empresas a posicionarse y mejorar su branding en Internet.
2 Comentarios
Tomás
De verdad, Marisol, me dejas asombrado de lo bién contado y explicado que lo dejas todo. Chapeau, en serio. Mi enhorabuena y felicitaciones. Lo has bordado, en mi modesta opinión. Un besote.
marYsolYarena
Gracias Tomás por tu crítica. Es un placer comprobar que el trabajo que realizo es apreciado por vosotros, los lectores de mi blog. Prometo seguir esforzándome en traeros textos interesantes y trabajados. Un abrazo.
Marisol Pérez